El diputado nacional expresó que “el gobernador Zamora tiene que recibir en forma urgente a las organizaciones y atender su reclamo legítimo”.
Miguel Humbert (Movimiento Nacional Campesino Indígena), Miriam Bruno (Foro Nacional de Agricultura Familiar), Víctor Lanieri (Mesa de Agricultores Familiares de la Provincia de Buenos Aires) y Guido Corvalán (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), se reunieron hoy con el diputado Martín Sabbatella. Los dirigentes campesinos le explicaron al presidente del bloque Nuevo Encuentro las características de la iniciativa que impulsan las organizaciones para suspender los desalojos de las familias y comunidades campesinas, que viven y trabajan las tierras y tienen una vinculación directa con el ciclo productivo, hasta tanto se lleve adelante una regularización dominial. “El gobernador Gerardo Zamora tiene que recibir en forma urgente a las organizaciones y atender su reclamo legítimo”, señaló Sabbatella, quien se comprometió a acompañar el anteproyecto y subrayó la representatividad de las organizaciones que lo promueven: “Expresan a miles de personas cuyos derechos son vulnerados por estos desalojos”.
La iniciativa plantea que mientras se mantiene la suspensión de los desalojos, se lleve a cabo un relevamiento catastral, dominial y situacional para conocer el dominio efectivo de las tierras rurales, que deberá ser participativo y de gestión asociada con las organizaciones campesinas.
En el marco de la reunión llevada a cabo hoy en la sede del Partido Encuentro, el presidente del MOCASE Guido Corbalán informó sobre la situación planteada en Pozo del Castaño, departamento de Figueroa en Santiago del Estero, donde más de 60 familias campesinas están siendo hostigadas por usurpadores. “Hemos perdido la paz y la tranquilidad, por una situación que en toda la provincia afecta a ya 10.000 familias campesinas -explicó Corbalán-. El caso de Pozo del Castaño es muy grave. Estamos preocupados ya que los empresarios Alberto Croche y Luis Recio han contratado a personal armado para usurpar nuestras posesiones”. “Estos mercenarios son los que amenazan a nuestras familias, y a pesar de tener órdenes de captura se encuentran libres y continúan con este accionar”, consideró el representante del MOCASE, quien también subrayó la responsabilidad del Poder Judicial “que discrimina y no hace cumplir las leyes cuando se trata de empresarios inescrupulosos”.
Al respecto, Sabbatella explicó: “La situación que denuncian las organizaciones es gravísima y merece una inmediata investigación para identificar a los responsables de este accionar y poner freno a este atropello”. Nuevo Encuentro, además de acompañar la iniciativa para suspender los desalojos, presentará un proyecto de declaración manifestando su preocupación por lo que ocurre en Pozo del Castaño.
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