Dirigentes de la CTA estuvieron en la primera línea junto a más de 70 representantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de derechos humanos en las audiencias públicas convocadas por el Senado provincial, contra el proyecto que "pretende profundizar la criminalización de la pobreza y la protesta en la provincia". “Este proyecto es una profunda intromisión política sobre los trabajadores y la población, porque sanciona modos de trabajo, modos de vivir, modos de la expresión de la cultura popular", acusó Carlos Leavi.
“Todo el tiempo la policía nos lleva detenidas”, acusó Susana Martínez de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR-CTA), “a las compañeras la policía les cobra coimas de más de 150 pesos por semana y se las lleva presas. Lo único que queremos del Código Contravencional -afirmó- es que se derogue”.
La suya fue una de las 72 exposiciones realizadas en el marco de las Audiencias Públicas convocadas por el Senado Bonaerense para el debate de un nuevo Código Contravencional de la provincia, iniciativa lanzada el año pasado por el gobernador Daniel Scioli y su por entonces ministro de seguridad Carlos Stornelli con el objetivo explícito –según declaró públicamente este último al presentar el proyecto- de que “la policía recupere las calles”.
El proyecto original fue dejado en el freezer a fines de 2009 ante la resistencia de diversos sectores políticos y sociales, con un fuerte protagonismo de la CTA y el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, entre otros.
Pero recientemente empezó a circular un nuevo borrador supuestamente “consensuado” por algunas comisiones del Senado, que si bien eliminaba algunos de los puntos más controvertidos del original (como la penalización del “merodeo”, confusa figura que permitía a la policía detener a cualquier persona que se considerara en “actitud sospechosa”), mantuvo sus fundamentos esenciales, como herramienta criminalizadora de la pobreza y la protesta social.
Este borrador fue el sometido a debate en la audiencia, con una masiva y contundente respuesta de organizaciones y particulares, que no sólo se hicieron oír dentro del recinto sino cortando la calle con una jornada cultural de protesta frente a la Legislatura; actividad que, por sí sola, de prosperar el proyecto en debate, permitiría la intervención de la policía y la detención de sus participantes.
Contra la “paranoia contravencional”.
El secretario general de la CTA La Plata-Ensenada, Carlos Leavi, afirmó que “este proyecto es una profunda intromisión política sobre los trabajadores y la población, porque sanciona modos de trabajo, modos de vivir, modos de la expresión de la cultura popular. En este país donde las murgas pelean por el carnaval, este código pretende reprimir los festejos y viene a retrasarnos más de 100 años, en contra de las cosas que hemos discutido y logrado como la asignación por hijo o el matrimonio igualitario”.
Leavi también destacó que “la CTA nació al calor de la calle, de los piquetes, de los cortes de ruta, en este momento estamos haciendo una radio pública, con música, expresión cultural y social que vale la pena de ser festejada, no reprimida. Por eso exigimos también la derogación de todos los códigos contravencionales que aún están vigentes”.
En nombre de la Asociación Trabajadores del Estado habló el abogado Marcelo Ponce Nuñez, señalando que todos los años se siguen dictando sentencias en base al viejo código dictatorial, y que “la represión parte tanto desde la policía como desde sectores del propio Poder Judicial”.
También destacó la responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial y muchos municipios en la escasa aplicación de la Ley 13.298 de Promoción y protección de derechos, señalando que “ese es el camino, en lugar de sancionar y castigar a la niñez y la pobreza en la provincia, porque en definitiva el código es eso”.
Javier Frías, abogado del Instituto por la Igualdad y la Democracia y Foro por los Derechos de la Niñez calificó de “paranoia contravencional” la situación planteada por el código donde “todos los sujetos entran en falta. Debemos volver a los principios de la moral del respeto mutuo, de la cooperación y la promoción de la autonomía. Esto con Prevención, Promoción y Protección para un nuevo sistema, que respecto a la niñez ya existe en la Ley 13.298 que está vigente y que hay que cumplir”.
Frías también subrayó las fuertes incompatibilidades del proyecto con la Convención Internacional de los Derechos del Niño que en nuestro país tiene rango constitucional y recordó las recomendaciones hechas por la ONU al Estado argentino indicando que “debe alentar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños”, e instando a los gobiernos provinciales a “promover los derechos de los niños en cooperación de amplias coaliciones de la sociedad civil, empresas, sindicatos y organizaciones de niños”.
Sergio Val, de la Asociación Che Pibe, tampoco anduvo con vueltas: “este código es un mamarracho, surgido de un sistema que mata a 25 chicos por día por hambre y contaminación. Este código se pretende aplicar sobre una realidad en donde los chicos consumen paco con la venia policial. En donde los chicos mueren de desnutrición y los que no mueren llegan a primer grado sin la capacidad cognitiva para poder aprender. Un país que no tiene proyecto para la niñez”, concluyó, “es un país que no tiene futuro. Los chicos deben ser prioridad en el presente”.
El titular de la Asociación Judicial Bonaerense, Hugo Blasco, planteó que “ante la problemática de la inseguridad hay una respuesta demagógica que tiene como objetivo el disciplinamiento social. Pero estas leyes van a fracasar, porque los pueblos no tienen que limitarse a cumplir las leyes que los agravian, que no los representan. La CTA viene manifestándose pese a los procesos y las represiones”.
Blasco también destacó el espacio de debate generado y la necesidad de que se multipliquen, tanto en relación a éste como a todos los debates trascendentales que involucran al conjunto de la sociedad: “exigimos más mecanismos de democracia como estas audiencias públicas, las consultas populares, y que sean vinculantes porque permiten hacer participar al pueblo. Se necesita una profundización del proceso democrático del país, terminar con el artículo que dice que los pueblos solo deliberan a través de sus representantes”.
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