Miércoles, 26 de enero de 2011
¿Qué busca Scioli cuando empuja a la baja de la edad de imputabilidad? ¿Qué busca su ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal, cuando habla de vacío legal? Buscan cubrir la retaguardia, la propia ineficiencia y sus incumplimientos legales.
La provincia de Buenos Aires tiene un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, pero es letra muerta. Faltan recursos y decisión política para su plena puesta en funcionamiento.
En 2010 se hizo un recorte presupuestario en el área Niñez y Adolescencia, en especial en los programas destinados a los servicios locales y zonales y al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
El discurso mediático de demagogia punitiva del gobierno de la provincia –como el de Blumberg, Duhalde, Ruckauf, Macri– activa las más primitivas formas de resolución de conflictos, incentiva los miedos y construye estereotipos sociales mediante el prejuicio. Se configura en el joven pobre y morocho el delincuente peligroso, el “enemigo” que hay que perseguir para curar todos nuestros males de inseguridad.
Un gobernante responsable no puede acudir a estos atajos de mano dura simplista, que conducen a reforzar un Estado policial, en lugar de un Estado que promueva la convivencia civilizada dentro del marco legal. La autonomía policial, vertical, sin conducción civil democrática, lleva a la represión, las razzias, el gatillo fácil, la recaudación ilegal policial en delitos complejos como la generación de desarmaderos, la piratería del asfalto, el narcotráfico, el juego clandestino, la prostitución o la trata. Y también implica que esa misma policía reclute adolescentes para cometer a su favor delitos violentos.
Un ministro de Scioli denunció hace un año que la policía reclutaba menores en asentamientos de emergencia para que cometan hechos violentos. Ante esto, se advierte que el debate generado sobre la edad de imputabilidad de los menores elude las propias responsabilidades. El gobernador debería apuntar al propio ombligo del aparato armado del Estado provincial si la intención es lograr más seguridad y atacar el delito. Lo otro sólo servirá para seguir apilando menores en depósitos de detenidos.
Se cumplen dos años de la desaparición de Luciano Arruga, en Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Este menor de 16 años fue detenido, golpeado, torturado y, según se denuncia, abusado sexualmente. No se investigó, no se depuró ese foco de delincuentes policiales. Todos los policías involucrados siguen en funciones, y de ese tema el ministro Casal no quiere que se hable y censura incluso a los periodistas que tuvieron la “osadía” de indagar sobre la cuestión negada.
Esta impunidad policial garantizada por quienes administran el Estado provincial sólo puede augurar nuevas tempestades y no soluciones superadoras.
La autonomía policial, de un cuerpo de más de 50.000 hombres, facilita la desestabilización democrática.
Si en política esto no se advierte, puede ser que haya incompetencia, temor o complicidad.
En cualquier caso, es de una temeridad irresponsable batir el parche en una tribuna equivocada.
* Ex fiscal general de Bahía Blanca, actual presidente de la Comisión Provincial por la Memoria y dirigente de Nuevo Encuentro.
